La planificación de un
desalojo que debía efectuarse, en la mañana del pasado viernes, en un área de
mil 664 hectáreas, en el sector de Palma Junta, cantón Muisne, no se concretó
como era el anhelo de 145 socios de la Asociación de Productores Agropecuarios
y Forestales “Terra Nostra” quienes, a decir de su Presidenta, Loida Solórzano,
desde hace 2 años y medio han venido negociando esas tierras con la Empresa
Eucapacific.
Señaló que la
negociación la han venido realizando por intermedio del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Banco de Fomento, no
obstante las tierras, actualmente, han sido invadidas por terceras personas y
por cuarta ocasión no se concreta el desalojo planificado.
La dirigente
indicó que los socios, en esta última ocasión, habían hecho el esfuerzo de
madrugar y aportar con algo para apoyar el desalojo que se había anunciado para
ese viernes, sin embargo, pese a que miembros uniformados llegaron al lugar, no
se concretó el desalojo porque la Intendente, quien también llegó hasta ese
sitio, había recibido una llamada de la Gobernadora que suspendía la indicada
acción, sin explicarse los motivos para esa decisión.
“Es inaudito que
nos hayan hecho esto, nosotros lo que queremos es un pedazo de tierra para
hacerla producir y, de esta manera, la Gobernadora está contradiciendo lo que
dijo el Presidente cuando estuvo en Atacames, que no se deben permitir las invasiones”,
dijo el socio Rosendo Patiño, mientras lágrimas de impotencias afloraban en sus
ojos.
Por su parte,
Julio Toral, otro socio de la organización, refirió que ellos están negociando
con la Empresa Eucapacific, que es la propietaria de esos predios, porque
quieren adquirirlos legalmente.
Mientras tanto el
Administrador de la Asociación, Tyron Quintero, quien también es candidato a la
Alcaldía de Muisne, consideraba que la suspensión del desalojo tenía un tinte
político, indicando que, con la actitud demostrada, las autoridades de Gobierno
están avalando las invasiones al no haber permitido que se realice el desalojo
planificado.
En todo caso,
tanto socios como dirigentes,
coincidieron en señalar que insistirán en la Gobernación para que se les
explique por qué no se cumplió con el desalojo que se había anunciado y, de ser
posible, elevarán su queja a las instancias gubernamentales superiores.
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